Documentar la ilegalidad

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Durante una gira de trabajo en Cadereyta de Montes, Querétaro, un día después de que se publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza a los autos y camiones “chocolate”, el presidente Vicente Fox Quesada defendió su decisión de legalizarlos porque esta acción promueve el empleo, crecimiento de la industria automotriz y la adquisión de automóviles y de camiones de una gran cantidad de gente que con esto tienen un instrumento de trabajo y de transporte. “No se trata de documentar la ilegalidad, sino que fue una medida para “ganar, ganar, ganar, todos ganamos con esa solución”, destacó.

Asimismo, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, destacó que “hubo reuniones muy prolongadas y un intenso proceso de negociación entre la Secretaría de Economía (SE) y la industria automotriz, así como con los distribuidores; éste fue el acuerdo, ésta fue la decisión a la que llegó el gobierno, éste es consciente de las contradicciones que se pueden provocar en ciertos sectores, pero considera que ésta es la medida adecuada y es la que había que tomarse”.

Sin duda, tal decreto ha generado múltiples y diversas reacciones, por ejemplo: los legisladores priístas y perredistas acusaron un albazo legal con fines electoreros y anunciaron que solicitarán la intervención de la Suprema Corte, porque el Ejecutivo Federal presumiblemente violentó la Constitución al tomar las decisiones unilaterales en materia fiscal.

Sin embargo, a pesar de la defensa presidencial del decreto, la realidad supera a lo planteado por Vicente Fox. Hay que recordar que ha habido 15 legislaciones iguales a ésta en los últimos 25 años y el problema del contrabando de autos y camiones no se resuelve. Esto significa que debe establecerse una normatividad adecuada a los tiempos que vive el país en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y que se aplique desde el mismo momento en que cualquier automotor cruce la frontera norte, en el entendido de que en el futuro no habrá más legalizaciones y la única opción, si no se cumplen con las normas de importación, será el decomiso de la unidad.

El actual decreto, a pesar de las adecuaciones que se le hizo, sigue siendo una solución parcial, pues con el propósito de regularizar este parque vehicular y de apoyar al consumidor de escasos recursos, se cometieron otras omisiones. Lo más grave es que sigue sirviendo a los intereses de organizaciones clientelares ligadas a partidos políticos, que hacen un negocio multimillonario con el registro y la presión para regularizar los automotores importados ilegalmente. Además de que lesiona a los fabricantes de camiones y tractocamiones y a la red de distribución, y fiscalmente no aporta lo suficiente.

Esta decisión política tendrá repercusiones económicas en el corto plazo, difíciles de pronosticar en este momento; pero una de las reacciones inmediatas a esta resolución fue el rechazo por parte del Colegiado del Congreso Nacional Transportista que también exige la regulación de unidades de procedencia extranjera que se encuentran en territorio nacional y que están debidamente acreditados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por hombres-camión, pues a pesar de que los tractocamiones y tráilers están inscritos ante la SCT diversas autoridades aún los consideran irregulares, es decir, piden un trato equitativo al que reciben los demás.

Esta misma organización, exige respeto al decreto publicado el 20 de octubre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se les autoriza a importar partes automotrices para sustituir aquellas que no pueden ser reparadas en nuestro país.