Frente común contra la legalización de chocolates

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• El Gobierno Federal dice “Si” a la legalización de chocolates.

• Por cada camión “chocolate” que se vende en México, los contrabandistas obtienen una ganancia de 18 mil dólares.

• La mayoría de los vehículos ilegales entran desarmados por las principales fronteras de México, para ser ensamblados en pequeños y medianos talleres clandestinos.

Pese a las manifestaciones de inconformidad de los representantes de la industria automotriz y del autotransporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados y que entró en vigor el pasado 23 de agosto.

El decreto establece que se autoriza “la importación definitiva de los vehículos automotores usados de transporte de hasta quince pasajeros y de los camiones de capacidad de carga de hasta 4 mil 536 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, así como remolques y semirremolques, tipo vivienda”.

Para la dependencia el objetivo de este decreto es “ordenar el mercado de automóviles usados que circulan en el país”. El documento no menciona el caso de los tractocamiones por lo que “los poseedores de vehículos que no puedan ser objeto de importación definitiva, siempre que no se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo en materia aduanera, contarán con un plazo que terminará el 31 de diciembre próximo para donarlos al fisco federal o retornarlos al extranjero”. Una vez cumplido el plazo otorgado por la SHCP podría aplicarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar a los poseedores de estos vehículos como contrabandistas y aplicarse la ley.

Rechazo a la legalización

Días antes de que se diera a conocer esta medida del Ejecutivo Federal, y por primera vez, las confederaciones, cámaras y asociaciones que integran las empresas de los sectores de transporte de carga, pasaje y turismo se unieron para exigir “que no se permita la legalización de más de 120 mil unidades que de forma ilegal han entrado al país en los últimos años”.

En un acto sin precedentes, la AMDA, Anpact, ANTP, Canacar, Canacintra, Canapat, Conatram, Concamin, el CEE y la INA, hicieron causa común con los fabricantes de camiones, tractodamiones y automóviles para rechazar lo que ya se veía llegar: la legalización de más de 2.5 millones de vehículos “chocolate”, incluidos 120 mil unidades de equipo pesado.

En conferencia de prensa los directivos de estos organismos, denunciaron que las unidades ilegales entran al país con sus respectivas placas y rodando, así como en partes para ser rearmados en el territorio nacional, Asimismo dieron a conocer la entrega de un escrito al presidente Vicente Fox, donde solicitan la conformación de una mesa de trabajo para analizar repercusiones y alternativas para solucionar el tema de la introducción ilegal de unidades.

Se estima que por cada camión “chocolate” que se vende en México, los contrabandistas obtienen una ganancia de 18 mil dólares. Esto significa que las 120 mil unidades en circulación representan un botín de 2 mil 160 millones de dólares.

El ingreso de vehículos ilegales también ha tenido efectos devastadores para las empresas distribuidoras que operan en el país. En unos cuantos años el número de negocios en el sector pasó de 320 a solamente 125, con lo que se perdió el 60 por ciento de esta fuente de trabajo.

Tirso Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), comentó que para producir un tractocamión se requieren 2.3 personas; si se consideran las 120 mil unidades ilegales que han entrado al país, calculan que se han perdido 276 mil empleos, en una industria de la que dependen 4 millones 360 mil familias.

Eduardo Arreguín Meza, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), denunció que la mayoría de los vehículos entran desarmados por las principales fronteras de México, los cuales posteriormente son ensamblados en pequeños y medianos talleres localizados en ciudades como: Monterrey, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y León.

Más información en Alianza Flotillera 88 septiembre de 2005